El Gobierno gastó en 2008 casi 200 millones en
comprar terrenos que, dos años después, ya valían la mitad
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Fuente: expansion.com
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El
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ordenó en el año 2008 la compra de
diferentes terrenos destinados a la construcción de vivienda protegida que,
apenas dos años más tarde ya habían perdido casi la mitad de su valor contable
lo que contribuyó a que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES)
multiplicara por 60 sus pérdidas del ejercicio 2011.
Así se
desprende del 'Informe de fiscalización de las inversiones en empresas del
grupo y asociadas a largo plazo y del inventario del patrimonio inmobiliario de
la Entidad Pública Empresarial del Suelo SEPES, ejercicios 2010 y 2011',
publicado por el Tribunal de Cuentas y que recoge Europa Press.
En
dicho documento se explica que en 2008 el Gobierno "consideró
oportuno" completar las acciones para la promoción de vivienda protegida
en el marco del Plan E, por lo que puso en marcha una oferta pública de compra
de suelo privado en municipios de más de 20.000 habitantes.
La
operación, pensada para un periodo de cuatro años con un presupuesto máximo de
300 millones de euros (sin impuestos) de inversión más 130 millones aportados
por SEPES para la urbanización de los terrenos, se hacía con la convicción de
que a partir de 2011 se comenzaría a tener ingresos por las ventas, ya que el
15% de las viviendas se pondrían a la venta en 2010, el 30% al ejercicio
siguiente, el 45% en 2012 y el 10% restante en 2013.
Así, de
las 33 ofertas de suelo elegible que recibió SEPES finalmente se aprobaron las
ocho actuaciones que cumplían todos los requisitos de viabilidad económica,
urbanística y técnica, y también de demanda de vivienda protegida, a partir de
los cuales se definió el precio máximo de adquisición del suelo.
En
concreto, se trataba de terrenos en Puertollano, La Armunia (León), Draguillo
Sur (Santa Cruz de Tenerife), Ibi (Alicante), Linares (Alicante), Telde (Gran
Canaria), Basauri (Vizcaya) y Villanueva de la Serena (Badajoz), en los que se
invirtieron 80,62 millones de euros.
Sin
embargo, a 31 de diciembre de 2011 el Tribunal de Cuentas constata que el grado
de ejecución de la operación era "muy bajo" y que además existían
"problemas urbanísticos" en los terrenos adquiridos.
En
concreto, un informe de la Unidad de Servicios Jurídicos de SEPES detectó
irregularidades en los criterios de preferencia para determinar la valoración
de ofertas, en particular en Linares, donde el terreno elegido estaba
calificado de rústico y el cambio del Plan de Ordenación Urbana estaba sin
aprobar. Algo parecido sucedía en Basauri, donde las parcelas estaban
destinadas a uso global industrial, y en Puertollano, donde se trataba de suelo
urbanizable no programado de uso global industrial. Es decir, terrenos donde no
se pueden construir viviendas.
Asimismo,
el informe jurídico señaló que en algunos casos "no se tuvieron en cuenta
las conclusiones del estudio de mercado realizado por el tasador y aquellos
otros estudios o informes sobre la viabilidad de los terrenos a adquirir",
ya que "de haberlos tenido en cuenta no se hubieran seleccionado las
ofertas de Villanueva de la Serena, León, Telde, Puerto llano e Ibi por no
existir demanda o por ser inviables".
También
se compró suelo a un precio unitario "mayor al recomendado" para
garantizar la viabilidad de las operaciones en los casos de Linares, León,
Telde, Puertollano e Ibi. Y el informe jurídico apunta además a que algunas de
estas compras se realizaron "en base a unas instrucciones recibidas del
Ministerio de Vivienda, desconocidas para el servicio jurídico", que se
suman a otras irregularidades formales.
Con
todo ello, a 23 de octubre de 2012 el deterioro del valor de estos terrenos en
las cuentas de SEPES ascendía a casi 43 millones de euros, es decir, el 53,24%
de lo que se había pagado por ellos, aunque en algunos casos como los de
Puertollano o Linares la pérdida de valor superaba el 90% de la inversión.
Convenio con Defensa
Algo parecido sucedió con el convenio suscrito en
noviembre de 2008 entre los ministerios de Vivienda y Defensa, entonces
encabezados por Beatriz Corredor y Carme Chacón, respectivamente, a través de
la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa (GIED) y SEPES.
Un
acuerdo según el cual la sociedad de suelo público enajenaba inmuebles de
Defensa en Villaverde (Madrid), Valencia y Sevilla que podían utilizarse para
vivienda por un precio de 112,9 millones de euros (impuestos no incluidos).
Sin
embargo, como en el caso de las operaciones de compra de terrenos, a 31 de
diciembre de 2011 las obras en el Parque Central de Ingenieros y en el Parque
de Artillería de Valencia no habían comenzado, las del Regimiento de Artillería
de Sevilla sólo estaban ejecutadas al 4% y el Parque Central de Ingenieros de
Villaverde seguía en fase de redacción de proyecto, aunque se había vendido ya
el 23% de la superficie.
En
estas circunstancias, la Intervención General del Estado recomendó también
analizar estas operaciones por si se hubiera producido una depreciación que
recomendara a SEPES hacer provisiones, estudio del cual se dedujo un deterioro
de 50,84 millones de euros, el 45,03% de lo que se había pagado por los
terrenos apenas tres años antes.
Además,
el informe de la Unidad de Servicios Jurídicos de SEPES señaló que el GIED no
había estimado correctamente las cargas de urbanización de las que tenía que
hacerse cargo la entidad de suelo, ya que en lugar de descontar 112,9 millones
de euros del precio de venta tenía que haber descontado la totalidad de la
inversión, "al subrogarse SEPES en los derechos y obligaciones asumidos
previamente" por el organismo de Defensa.
Es más,
también se señaló que SEPES debía haber pedido informe o estudio previo de sus
servicios jurídicos antes de realizar estas operaciones y se pusieron de
manifiesto "deficiencias" en cuanto a la aprobación del gasto y la
existencia de recursos financieros suficientes para financiar estas
inversiones.
SEPES
Con todo ello, en julio de 2012 SEPES tuvo que
revisar sus propias cuentas y reconocer una depreciación de sus activos por
valor de 93,76 millones de euros, lo que suponía un 48,4% de pérdida del valor
contable que tenía registrado en libros a 31 de diciembre de 2011.
Este
ajuste, junto con otras revisiones a la baja derivadas de su participación, por
ejemplo, en la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), provocaron un "ajuste
muy significativo" de sus cuentas, que pasaron de unas pérdidas iniciales
de 2,54 millones de euros a casi 124,3 millones, sesenta veces más.
En este
mismo periodo de tiempo, el Tribunal de Cuentas señala que SEPES también
desembolsó 727.000 euros como contraprestación a unos trabajos encargados a
SEPES Urbana, S.A.U. que "podría haber efectuado directamente con sus
propios medios" y además tuvo que mantener cuentas corrientes con la mayor
parte del capital desembolsado (12,5 millones) retribuido a un tipo de interés "inferior"
al aplicado por las entidades de crédito por depósitos de similares
características.
Por
todo ello, el organismo fiscalizador recomienda a SEPES regularizar su
inventario inmobiliario para actualizar el valor contable de sus actuaciones,
depreciar aquéllas de dudosa realización y dar de baja las que hayan sido
totalmente desestimadas, así como acometer "un procedimiento riguroso de
control de la gestión de las sociedades del grupo y asociadas" para
"prevenir los riesgos que puedan surgir ante situaciones de administración
irregular".
