Los partidos aceleran el paso en las medidas
contra la corrupción
·
Fuente: expansion.com
Los
fuerzas políticas se habían fijado hasta final de año para alcanzar un acuerdo
sobre medidas para la regeneración democrática, pero recientes escándalos, como
el de las tarjetas opacas de Caja Madrid, han dado nuevos bríos a las
diferentes propuestas para luchar contra la corrupción.
En esa
premura por cerrar un pacto influye el calendario electoral, que hará casi
imposible acordar reformas legales más allá el mes de enero, pero también la
pésima imagen pública, no sólo de la clase política, sino también de los
sindicatos y la patronal.
Durante
las últimas semanas, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José
Luis Ayllón, acompañado por la cúpula del grupo popular, se ha entrevistado con
representantes de los diferentes grupos parlamentarios y, salvo con IU, se ha
respirado buen ambiente y voluntad de acuerdo.
La idea
del Gobierno es que sean los propios grupos parlamentarios los que impulsen las
nuevas medidas a través de la fórmula de la proposición de ley, de modo que el
protagonismo lo tengan los partidos y no el Ejecutivo, lo que ha dificultado el
acuerdo en anteriores intentos.
Para
ello, su intención es presentarles en las próximas semanas un texto articulado
en el que se vean reflejadas todas sus propuestas. Y es que el Gobierno no
quiere más dilaciones y aspira a que el acuerdo se cierre este mismo mes de
octubre para que las leyes puedan estar aprobadas a final de año o como mucho
en los primeros meses de 2015, antes de que la campaña electoral para las
municipales y autonómicas de mayo enturbie el deseado consenso.
Las
nuevas medidas contra la corrupción se articularían al margen de los dos
proyectos de ley que ya están tramitándose en el Congreso, el de control de la
financiación de partidos políticos y el relativo al ejercicio de los altos
cargos.
Se
pretende endurecer la ley para los casos de corrupción, aunque sacando esas
nuevas medidas de la reforma del Código Penal, en dique seco después de más de
un año de sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas.
Hay
relativo consenso en la necesidad de apartar cautelarmente del cargo a los
políticos procesados por casos de corrupción, pero no en la forma de plasmar
sobre el papel la medida, y sobre todo en la fórmula para poder restituir en su
puesto a quien después resulte absuelto.
La otra
"pata" de las reformas que se quieren acordar es la relativa a la
reducción drástica del número de aforados.
En este
punto también hay un consenso generalizado aunque también surgen dificultades a
la hora de restringir una figura que, en el caso de los diputados y senadores,
está recogida en la Constitución.
Una
opción es que el aforamiento se limite a los delitos cometidos en el ejercicio
del cargo y no, por ejemplo, por conducir ebrio, como ocurre ahora. Otra
fórmula podría ser que el parlamentario no estuviera aforado durante la fase de
instrucción, de manera que los jueces ordinarios puedan investigar libremente y
que la causa sólo pase al Tribunal Supremo cuando se inicie el procesamiento.
Entretanto,
y al hilo de la actualidad del día a día, PSOE y UPyD han presentado esta misma
semana varias iniciativas para atajar la corrupción y mejorar la imagen de los
políticos.
PSOE y UPyD
Desde el PSOE, su líder, Pedro Sánchez, ha
propuesto que los diputados y senadores tengan dedicación exclusiva y no puedan
realizar ninguna actividad privada remunerada, como es, por ejemplo, la
participación en tertulias de radio y televisión.
En una
proposición no de ley que presentó el viernes en el Congreso, el PSOE pide
asimismo que se den competencias a la Comisión del Estatuto del Diputado y a su
análoga en el Senado para que pueda comprobar si las declaraciones de ingresos
y patrimonio de los parlamentarios se ajusta a la realidad.
José
Luis Ayllón, desde el Gobierno, se ha mostrado dispuesto a estudiar esta
propuesta, aunque ha pedido a Sánchez que "no ponga en duda" el
trabajo que hacen los diputados, empezando por los propios parlamentarios
socialistas. Por su parte, UPyD llevará la próxima semana al Congreso el
escándalo por las tarjetas de crédito sin control de la que disfrutaban los
consejeros de Caja Madrid.
Rosa
Díez preguntará a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
qué medidas piensa adoptar para garantizar que los implicados devuelven
íntegramente el dinero.
Además
de la pregunta parlamentaria y de una interpelación que también ha presentado
en el Congreso, UPyD propondrá judicialmente que los más de 15 millones de
euros que 86 directivos de la entidad cargaron a las tarjetas opacas se
destinen para resarcir a accionistas de Bankia y preferentistas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario